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Aspectos importantes sobre el Derecho Penal

El Derecho Procesal Penal constituye en primer lugar una rama del derecho público, segundo representa un conjunto de normas de carácter adjetivo, la tercera característica es consecuencia de la anterior debido a que en la normativa penal en concreto en el Código Orgánico Procesal Penal se establece el proceso a seguir por parte del Poder Judicial para determinar la culpabilidad o inocencia del investigado.

Del concepto anterior se desprende que es una rama autónoma, es un instrumento del derecho sustantivo y se rige por el sistema acusatorio, dicho en otras palabras, es accesorio al Código Penal, busca esclarecer la situación delictiva para esclarecer si la conducta del investigado se adecua al hecho punible y es fundamental el cumplimiento de ciertas garantías constitucionales para que el proceso transcurra con normalidad.

A su vez, el Derecho Procesal Penal se rige por los principios generales de dicha rama, los cuales se encuentran contenidos desde el punto de vista constitucional en el artículo 49 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y son desarrollados de manera amplia en el Código Orgánico Procesal Penal, algunos de estos son: presunción de inocencia, derecho a la defensa, legalidad, debido, mientras que, algunos de los principios tipificados en la norma adjetiva son: control de la constitucionalidad, cosa juzgada, protección a la víctima, contradicción, entre otros con igual grado de importancia.

El órgano más sobresaliente en materia penal es el Ministerio Público, este tiene como función promover la acción de justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a instancia de los interesados. Del Ministerio Público se resalta la actuación del Fiscal por ser quien ejercerá la acción pública penal formulando la acusación y solicitando la imposición de penas al respectivo acusado en el marco de la protección de los derechos del ofendido, pero también haciendo valer las garantías procesales del imputado.

Siguiendo el mismo hilo, hay varias modos de iniciar el proceso penal, pero antes de ello, es necesario identificar el delito (público o privado). Los delitos de acción pública son aquellos en los cuales el Estado por medio del Ministerio Público tienen la titularidad de la acción penal debido a que tienen interés en que este tipo de delitos sean perseguidos y se impongan las sanciones penales correspondiente. De esta manera, los intereses que se pretende proteger en este tipo de delitos son generales debido a que interesan a toda la colectividad, mientras que, cuando el delito es de acción privada, le corresponde a la víctima ejercer la acción para la resolución del hecho punible. En este último caso hay distintos modos de proceder (denuncia, acusación o querella).

La denuncia es un documento en el cual su contenido va a poner en conocimiento a la autoridad competente sobre la comisión de un delito, cualquier persona puede interponerla ante el Fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía. A su vez, debe formularse verbalmente o por escrito, mencionar la identificación del denunciante, el señalamiento de quienes cometieron el hecho punible y de aquellos que hayan presenciado el hecho. Cuando la denuncia se realiza a través de un acto verbal, es necesario que se levante un acta firmada por el denunciante y el funcionario público que la reciba, a diferencia de cuando se presenta de manera escrita, la cual será firmada por el denunciante o apoderado.

Por otra parte, cuando el Ministerio Público dicta como acto conclusivo una acusación, es el primer momento en el cual la víctima de un delito de acción pública decide presentar la acusación propia ante el Tribunal de Control o adherirse a la acusación del Fiscal.

Cuando el delito es de acción privada debe presentarse la acusación a un Tribunal de Primera Instancia de Juicio cumpliendo los requisitos de forma y contenido de la acusación, lo más probable es que se necesite solicitar la aplicación de la figura de auxilio judicial, la cual se le solicita a un Juez de Control con el fin de pedirle al Ministerio Público practicar las diligencias solicitadas por quien pretende constituirse en acusador particular privado para luego redactar la acusación y presentarla ante
el Juez de Juicio.

Con respecto a sus requisitos de forma y contenido son: los datos que permitan identificar y ubicar al imputado, junto con el nombre, domicilio o residencia de su defensor; así como los datos de identificación de la víctima, narración de las circunstancia del hecho punible que se le atribuye al imputado, los fundamentos de la imputación, la expresión de los preceptos jurídicos aplicables, el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentaran en el juicio, la solicitud de enjuiciamiento del imputado.

Mientras que la querella la puede presentar solo la persona que tenga calidad de víctima cuando haya surgido la comisión de un hecho punible de orden público, a su vez debe mostrar un documento por escrito parecido a la denuncia ante el Juez de Control por ser la autoridad encargada de dictar medidas que le convienen al denunciante.

Con respecto a su forma y contenido deberá contener: el nombre, apellido, edad, profesión, domicilio o residencia de el querellante y sus relaciones de parentesco, el nombre, apellido, edad, domicilio o residencia del querellado, el delito que se le imputa junto con el lugar y el día de se perpetración, por último una descripción detallada de todas las circunstancias del hecho.

Cada uno de los modos de proceder están destinados a alcanzar objetivos distintos, pero van dirigidos al mismo fin el cual es castigar con una pena privativa de libertad a quienes realizan actos punibles, para ello, el procedimiento debe realizarse apegado al marco jurídico y siguiendo las características del debido proceso.

Fuentes

– Sánchez, Alberto. Derecho Penal venezolano: parte general (1982).

– Sánchez, Alberto. Derecho Penal venezolano (1997).

LIBERTAD PARA JUAN REQUESENS

Los hechos ocurridos el 4 de agosto en el desfile de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar han generado dos posturas: quienes piensan que fue un atentado y quienes ponen en duda su veracidad. Más allá de eso, lo cierto es que el gobierno ha aumentado la represión sin reparar en las limitaciones que la Constitución y las leyes establecen. El régimen tiene el derecho y la obligación de investigar lo ocurrido y mostrar los elementos de prueba, siempre respetando el orden jurídico y la dignidad humana.

Las investigaciones desarrolladas están plagadas de irregularidades que vulneran los derechos humanos y ponen en entredicho la credibilidad e imparcialidad de las autoridades. Es lo que ha ocurrido con el joven dirigente político Juan Requesens, formado en la Universidad Central de Venezuela, quien fue mostrado en un video que ha generado reacciones mundiales y ha elevado a la discusión pública el asunto de los tratos crueles e inhumanos perpetrados por los organismos de seguridad del Estado. Al video presentado por el ministro de Comunicación e Información se añade uno difundido en las redes y que fue publicado por los medios, en el cual aparece Requesens con la ropa interior manchada de excrementos, al tiempo que una voz le imparte órdenes. Estos videos muestran a una persona vulnerada y humillada sin misericordia, y cartografían un escenario de deslumbrante horror.

08_LIBERTAD PARA JUAN REQUESENS

Los “caminos verdes” de la justicia

Cualquier ciudadano, hoy más que nunca, siente en lo más profundo la urgencia de una sociedad que reclama justicia.

A mí me preguntan, en la creencia de que lo debería saber por mi profesión, si algún día podremos dar una respuesta afirmativa sobre esa legítima inquietud y, con gran dolor, debo responder que ello aparece como un sueño lejano, porque los venezolanos no hemos aprendido ni internalizado esa lección, ni nos hemos preocupado por sentar las bases que la puedan hacer posible, ya que las guerras, las confrontaciones internas, la debilidad institucional y los regímenes autoritarios caudillistas no han permitido la formación y consolidación de un verdadero Poder Judicial autónomo e independiente, que no pueda ser utilizado como instrumento de la política.

 

06_LOS CAMINOS VERDES DE LA JUSTICIA

Realidad y neolengua de la injusticia

No hace falta invertir muchas palabras para dejar aclarado que en Venezuela no hay justicia y, como dice san Agustín, estamos en la tierra propicia para la bandas del crimen.

La violencia está a la orden del día, la impunidad es la regla, los órganos de administración de justicia se encuentran marginados y presionados por quienes ejercen el poder. A pesar de todo ello, se pretende mantener una “apariencia de legalidad” que confirma el autoritarismo, la anomia y el caos del sistema que tiene a su cargo resolver los conflictos societarios.

Por lo demás, el lenguaje oficial se ha empeñado en acuñar términos que pretenden cambiar las cosas o suministrar una imagen falsa del horror de la injusticia penal venezolana.

 

06_REALIDAD Y NEOLENGUA DE LA INJUSTICIA

La condena del proceso

La historia de las penas es la historia de la crueldad de la humanidad, como dice Ferrajoli, siendo más despiadada la violencia producida por las sanciones penales que la violencia de los hechos delictivos.

Sin duda, los delitos constituyen las infracciones más graves que se pueden llevar a cabo en una sociedad y, por ello, la imposición de las más duras sanciones, una vez acreditado en un proceso que se ha cometido un hecho punible y determinada con certeza la culpabilidad de sus autores y partícipes.

El proceso es un medio y no un fin que persigue esclarecer la verdad de los hechos y precisar las responsabilidades, a través de la justa aplicación del derecho y con absoluto respeto por las garantías del imputado, cuya inocencia se presume, mientras no se pruebe lo contrario a través de una sentencia firme, por lo cual, como regla general, salvo situaciones excepcionales, de evidente riesgo para la actuación de la justicia o de evasión del proceso, ninguna persona imputada o acusada debería quedar restringida en sus derechos o sufrir la pérdida de su libertad.

 

05_LA CONDENA DEL PROCESO

El estado de nuestras prisiones

Si un país se juzga por el trato dispensado a los presos, como decía Mandela, la condena a Venezuela ya ha quedado firme, sin recurso alguno y su ejecución implica la más severa exigencia de responsabilidades a quienes, en el Estado, le han dado la espalda al reclamo de justicia de la población encarcelada.

Es necesario reconocer que las prisiones nunca han sido prioridad del Estado venezolano, pero también se debe recalcar que nunca habíamos llegado al extremo de la tragedia penitenciaria del socialismo del siglo XXI.

El año 1974 fue reseñado como “uno de los más sangrientos de nuestra historia penitenciaria”, como lo afirma Mirla Linares Alemán,  apuntando que “el número de reclusos muertos superó los 30”, cifra que nada tiene que ver con los datos espeluznantes de los homicidios en prisión en el presente, con el añadido del hacinamiento, las condiciones de insalubridad y la violencia interna de nuestros penales.

 

05_EL ESTADO DE NUESTRAS PRISIONES

El terror de un penalista

El derecho, garante de la paz ciudadana, se ha convertido, en manos de sus aplicadores, en instrumento de terror.

En particular, las normas penales que sancionan los hechos más graves que afectan las bases de la convivencia comunitaria, con la amenaza de penas que pretenden disuadir a los presuntos infractores, se ha erigido en instrumento de amedrentamiento para perseguir, no a los delincuentes, sino a cualquier ciudadano disidente que no responda a las exigencias de un régimen que demanda adhesión, obediencia y respeto absoluto a las normas que conforman la “moral socialista”.

03_TERROR DE UN PENALISTA

Corte Colombiana fija límites entre el sexo consentido y el abuso

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Bogota, Colombia, fijó jurisprudencia entre los límites del sexo consentido entre parejas adultas y el abuso del que puede ser víctima una mujer luego del consumo de bebidas alcohólicas. » Leer completo..